UNA LEY QUE CASTIGA PAREJAS E HIJOS INDIGNOS

UNA LEY QUE CASTIGA PAREJAS E HIJOS INDIGNOS

Por: Ghilmar Borrero Mora, Abogado

Aun cuando desde la expedición del Código Civil Colombiano, hace más de 130 años, se contempló en el ordenamiento jurídico del país sanciones al heredero o legatario por hechos graves que lo hacían indigno merecedor para suceder a sus parientes, por cometer un crimen de homicidio en la persona del difunto, o por atentar gravemente contra su vida, o no socorrerles estando en la posibilidad de hacerlo entre otras; hoy ésta norma antiquísima, debió ser agenda en la actividad del legislador colombiano para ocuparse de ajustarla a una realidad infortunadamente cruel y deshonrosa, de la que diariamente somos testigos los ciudadanos y de la que nos mantienen informados los medios de comunicación causando indignación en la sociedad, cuando documentan el maltrato, abandono y abuso hacia los padres, esposas y ancianos a cargo de sus hijos y esposos.

Según el DANE la población mayor de Colombia alcanza los 5.750.000, la más reciente encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento, SABE del año 2015, hecha por el Ministerio de Salud y Protección Social, indica que 700.000 de ellos son víctimas de violencia sicológica, 529.000 de negligencia, 195.000 sufren violencia física, 86.000 violencia financiera (explotación económica o control de recursos) y 19.578 más, de violencia sexual.

Los anteriores datos del DANE e incluso la encuesta SABE, lamentablemente son cálculos que desconocen las cifras de la población de padres, esposas y adultos que no denuncian debido a las amenazas o temor a represalias de sus parientes, una realidad que provoca impunidad y desazón en quienes vemos con qué cinismo este flagelo se vuelve tan común. Aquellas cifras nos permiten recordar que las formas de violencia que se ejercen en Colombia contra esta población tan vulnerable, ha llegado a los límites de lo impensable, cuando los mayores índices de agresores o sujetos victimarios de las esposas y padres son sus esposos e hijos.

Justamente, la agenda legislativa del Congreso de La República ha motivado al legislador a proponer mediante un proyecto de ley la modificación o adición al artículo 1025 del Código Civil cuyo objeto es proteger a las personas más vulnerables de la familia, por lo cual se busca establecer que tanto el maltrato, como el abandono se conviertan en causales de indignidad sucesoral, toda vez que no resulta justo ni conveniente que las personas que han maltratado y abandonado a aquellas personas de su familia en situación de vulnerabilidad y en mayor estado de necesidad vengan más tarde a exigir derechos sobre la propiedad de aquellos a quienes desatendieron. Por lo tanto, la iniciativa legislativa que cursa como proyecto de ley en el Congreso de la República, pretende generar una especie de “castigo” a los familiares que incumplan los deberes de cuidado y protección de sus parientes.

De esta manera, los hijos que han obrado en desmedro de los derechos y bienes de sus padres después de que estos fallezcan, serían declarados indignos de sucederlos, sanción extensiva a los esposos que maltraten a su pareja; aunque no habrá nunca castigo suficiente para quien realice actos como estos, se crea un elemento de justicia  que lo constituye  la sanción “post-mortem” (después de la muerte) de carácter patrimonial (la herencia) contra el victimario. En ese orden de ideas, el proyecto de ley que modificará el artículo 1025 C.C.  configura dos nuevas causales de indignidad sucesoral:

  1. Quienes maltraten a sus esposas o padres
  2. Quienes los abandonen en estado de indefensión.

Vale recordar, con pena, dos casos de connotación nacional, muy polémicos, revelados por los medios de comunicación nacional: el de la señora Olimpa Pérez de 96 años, madre del Personero de Puerto Berrío (Antioquia), quien murió luego de una pelea familiar cuando su hijo no le permitió entrar a la casa y el de la señora Ligia Elvira Suárez Flórez de 77 años, procedente de México, abandonada en el Aeropuerto El Dorado y enviada a un ancianato de la Secretaría de Integración Social; realidad dramática de millones de adultos mayores que son agredidos física y sicológicamente, violados y despojados de sus bienes por sus propios familiares que los consideran un estorbo.

En todo caso el legislador en su noble intención, busca proteger sobre todo la institución familiar como núcleo esencial del Estado social de derecho sancionando a aquellos herederos que de manera indigna desechan sus obligaciones personales hacia el causante, pretendiendo luego valerse de las relaciones filiales únicamente para obtener lucro, mediante una sanción de naturaleza civil “patrimonial”, esto es, privándolos por cuestiones de honorabilidad y justicia, de suceder a la persona que en vida maltrataron o abandonaron, como un tipo de reivindicación por el daño causado.

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