CERRO MATOSO: UN LUGAR DONDE EL NÍQUEL ES MENOS PERJUDICIAL QUE LA NEGLIGENCIA ESTATAL

CERRO MATOSO: UN LUGAR DONDE EL NÍQUEL ES MENOS PERJUDICIAL QUE LA NEGLIGENCIA ESTATAL

Escrito por Andrés Felipe Valencia – Abogado Cardona Rivera Abogados.

Hace un par de semanas la Corte Constitucional Colombiana emitió un fallo de tutela en el que condenó a la multinacional Australiana South 32 LTD a pagar todos los perjuicios causados con ocasión a la explotación de Ferroníquel que desde el año 2013 realiza en el complejo minero de Cerro Matoso. Esta decisión fue tomada al verificar una grave vulneración de derechos fundamentales de los habitantes del sector donde opera la minera, teniendo en cuenta los daños a la salud causados por la contaminación del aire y recursos hídricos de esa región de Córdoba.

Después de escabullirse durante dos meses afirmando que el Tribunal Constitucional no había realizado notificación de sentencia alguna, Cerro Matoso decidió manifestarse, usando como defensa la acostumbrada retórica según la cual la decisión adoptada por la Corte es “inexplicable” pues su sentencia está basada en una relación de causalidad probable, que no demuestra el nexo existente entre las afecciones a la salud de los habitantes del sector y el trabajo de extracción. Como si fuera poco, adicionó que desde el 2013 se encuentra intentando sin éxito alguno, iniciar junto al Ministerio de Salud un estudio de salud ambiental con la Organización Panamericana de Salud de Naciones Unidas.

Si en algo tiene razón la multinacional, es que en Colombia no existen estudios acerca de lo perjudicial que puede llegar a ser el Níquel en la salud humana, lo que es irónico si se considera que la minera lleva 38 años con licencia vigente, liberando residuos de este metal en el aire y en las fuentes hídricas del sector, mientras las autoridades, en lugar de asumir la responsabilidad en el cuidado de los recursos naturales, dejan de lado los estudios de fondo sobre el impacto de la actividad minera en nuestra salud. Lo lamentable es que solo a través de una acción de tutela y de la manifestación popular,  deciden interesarse en  cifras que debieron estar contempladas mucho antes de otorgar la licencia de explotación, o como mínimo durante la última década, época que podríamos llamar de concientización ambiental,  siendo la población pobre y vulnerable quien termina asumiendo las consecuencias de la incuria y disfuncionalidad estatal, incluso, económicamente hablando, pues los  cerca de $9 billones que ha producido en regalías la explotación de Níquel en Cerro Matoso, contrastan con la realidad económica y social del municipio, que ha sido calificado como el más pobre de Colombia en varias oportunidades.

Mientras la multinacional se defiende solicitando la nulidad del fallo, según el estudio realizado por medicina legal, los habitantes de la región siguen padeciendo dermatitis, pérdida de la visión, enfermedades genéticas, malformaciones, esterilidad y abortos espontáneos con mayor probabilidad en las zonas más cercanas a la mina, situación que ha sido corroborada por el estado, en este caso por medio de la Corte Constitucional, quien a pesar del fallo proferido, no ha tomado las medidas de protección urgentes requeridas, en tanto los habitantes siguen padeciendo daños en su salud, observando inermes como  las operaciones de extracción continúan con normalidad.

A este punto es importante resaltar que el avance no solo de nuestra jurisprudencia sino también de la jurisprudencia internacional relacionada  con la protección de los recursos naturales, ha ampliado el espectro de la responsabilidad estatal cuando se producen graves daños ambientales por la acción  u omisión en su actuar, y aunque en este caso se sancionó a la minera responsable, el daño es también atribuible a las Corporaciones Autónomas Regionales ya que sobre ellas recae la obligación constitucional de proteger especialmente el medio ambiente, ejerciendo control y vigilancia pero cuya corrupción y desarticulación institucional han lesionado la salud de las personas, especialmente de las comunidades desprotegidas, lo que hace posible incluso plantear  un medio de control o acción constitucional que impute la responsabilidad estatal, procure la reparación de las víctimas indemnizándolas por los daños causados y garanticen la no repetición y la protección de los recursos naturales.  Las fallas del   servicio son protuberantes no solo por omitir implantar medidas de control más rigurosas, otorgar licencia sin realizar estudios objetivos de impacto ambiental y social, sino por el retardo inexplicable en la toma de medidas encaminadas a proteger materialmente a la población.

Este fallo es sin duda una más de las históricas providencias que la justicia constitucional colombiana ha emitido en la lucha por mitigar los problemas ecológicos causados a este pedazo de planeta con ocasión a la explotación de minerales e hidrocarburos.

Las noticias sobre emergencias y desastres ecológicos causadas por estas actividades se han vuelto el pan de cada día, basta recordar algunas que   han estremecido al país con consciencia ambiental, la minería ilegal, la erradicación de las comunidades indígenas de la Guajira, el derrame de petróleo en Barrancabermeja, la destrucción de los ríos en Chocó, entre otras. Esto sucede mientras las entidades intenten mostrar  estos hechos como aislados, y no como una práctica sistemática que nos aniquila y nos destruye ante la mirada cómplice de las autoridades ambientales, es el momento de afrontar esta tragedia suicida con constitución en mano para detener  las concesiones indiscriminadas de licencias ambientales, la ausencia  de planeación territorial para la explotación de recursos naturales, la práctica politiquera de las autoridades de control de “tirarse la pelota” en lo que atañe a su obligación de vigilancia, mientras no defendamos de la mano del derecho la defensa de nuestros recursos naturales, seguiremos asumiendo las graves consecuencias en nuestra salud y medio ambiente.

Es el momento de que las instituciones impulsadas por la participación ciudadana, tomen en serio la explotación responsable del subsuelo para medir el impacto que tenemos sobre la biodiversidad y riqueza hídrica del país, la cual garantizará nuestro futuro y el de las generaciones venideras.

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