LA INTERDICCIÓN E INHABILIDAD: NOBLES FIGURAS PARA PROTEGER EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS.

LA INTERDICCIÓN E INHABILIDAD: NOBLES FIGURAS PARA PROTEGER EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS.

Por: Ghilmar Borrero Mora.

Es importante identificar qué tipo de discapacidad padece la persona, ¿absoluta o relativa? con el fin no solo de escoger la figura jurídica más idónea, sino además para proteger y garantizar al presunto interdicto o inhábil, su futuro y el noble goce de su patrimonio.

La Interdicción judicial, es una figura jurídica que busca declarar la incapacidad mental absoluta de una persona para ejercer derechos y contraer obligaciones cuando padece “una afección o patología severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental.”[1]
La determinación y diagnóstico de la incapacidad mental absoluta debe contar con una calificación y unos parámetros científicos que determinen mediante “un dictamen completo y técnico realizado por un equipo interdisciplinario, el tipo de limitación o afectación que padece la persona en el que se precise la naturaleza de la enfermedad su posible etiología y evolución, las recomendaciones de manejo y tratamiento y las condiciones de actuación o roles de desempeño del individuo”.[2]

El diagnóstico o dictamen, constituye prueba determinante la cual podrá elaborarse antes y/0 durante el proceso de interdicción judicial de la persona con discapacidad mental absoluta, puesto que, si se trata de otro tipo de discapacidad como la relativa, no procedería la declaratoria de interdicción, sino de inhabilitación.

El proceso de interdicción judicial de la persona con discapacidad mental absoluta lo puede iniciar o promover: padres, hermanos, abuelos, tíos, esposos o compañeros permanentes de quien se le va a iniciar su interdicción e incluso lo puede promover el juez de oficio cuando el interés así lo exija. Dicho proceso está sujeto al trámite de jurisdicción voluntaria, lo que implica que no admite recurso de apelación o segunda instancia respecto de la sentencia de declaratoria o no de interdicción que tome el juez de familia como autoridad competente para resolver.

Tratándose este de un proceso complejo, que requiere la práctica de exámenes y dictámenes médico neurológicos o psiquiátricos, técnicos y especializados sometidos a un ejercicio de contradicción o refutación de las demás partes intervinientes en las audiencias (Ministerio Público o interesados) no es exigencia para quien promueva el proceso de interdicción allegarlos con la presentación de la demanda, por lo que es suficiente aportar un certificado médico psiquiatra o neurólogo sobre el estado del presunto interdicto, y es carga u obligación del juez ordenar la práctica de dichos dictámenes.

Ahora bien, la figura conocida como inhabilitación y rehabilitación de persona con discapacidad mental relativa, es aquella aplicable a las personas que por padecer deficiencias de comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial se consideran incapaces relativos respecto de aquellos actos y negocios sobre los cuales no tienen la capacidad plena de comprender y ejercer dicho acto o actividad negocial, pues lo que se busca en todo caso es proteger de cualquier riesgo su patrimonio, es así que la inhabilidad solo recae respecto de la celebración de algunos negocios jurídicos, lo que implica que respecto de los demás actos jurídicos se mirará como capaz y conservarán su libertad personal, en consonancia con los artículos 15 y 37 de la ley 1306 de 2009.

Para la determinación y diagnóstico de este tipo de discapacidad mental relativa existe en principio libertad probatoria y una menor exigencia científica a diferencia de la rigurosidad en los procesos de discapacidad mental absoluta, en todo caso, se tendrá que practicar un examen sicológico u ocupacional del presunto inhábil por un equipo interdisciplinario, examen este que tampoco es un requisito para que sea admitida la demanda, pues el juez decretará por mandato legal la práctica de dicha prueba y de las que estime conveniente de manera oficiosa, sin embargo, es necesario aportar elementos probatorios como la historia clínica o certificaciones médicas que demuestren al juez competente, de manera siquiera sumaria el soporte de las pretensiones que se invocan, como la declaratoria de inhabilitación de la persona con discapacidad mental relativa.

[1] Artículo 17 de la Ley 1306 de 2009

[2] Artículo 28 de la Ley 1306 de 2009

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