PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO: ¿UNA OBLIGACIÓN O UNA OPORTUNIDAD PARA LOS EMPRESARIOS EN COLOMBIA?

PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO: ¿UNA OBLIGACIÓN O UNA OPORTUNIDAD PARA LOS EMPRESARIOS EN COLOMBIA?

Escrito por Diana Marcela Rivera R. – Socia fundadora Cardona Rivera Abogados.

La Superintendencia de Sociedades empezó a mostrar los dientes que le dieron con la expedición de la Ley 1778 de 2016 para sancionar a las compañías que cometan delitos de soborno transnacional y corrupción privada. Lo que muchos empresarios nacionales y extranjeros con sede en Colombia no saben es que para tenérselas que ver con el ente sancionador basta con tener relaciones con funcionarios extranjeros o nacionales y que uno de los suyos con o sin el consentimiento de la empresa incurra en estos actos de corrupción; la ley es tan severa que ni siquiera exige la concreción del soborno sino que es suficiente  con el solo ofrecimiento, es por ello, que es un error dejar crecer el mito en el sentido de que la obligación de controlar tales actos de corrupción está relacionada siempre con el tamaño de las empresas.

La Supersociedades va en serio y lo acaba de demostrar dejando algunos precedentes ejemplarizante para quienes por alguna razón dilaten o no colaboren con las acciones investigativas o no cumplan la ley. La entidad informó recientemente que son 12 las empresas colombianas y algunas extranjeras con operaciones locales bajo su lupa. A una de estas le impuso una multa por $156 millones por negarse a entregar información solicitada para el desarrollo del proceso investigativo y en un acto que habla por sí solo fue el que abrió pliego de cargos contra más de 100 empresas que no reportaron la implementación de programas de ética empresarial ordenadas en la Resolución 100-002657 de 2016.

La sumatoria de estas decisiones sin precedentes, crean una línea de acción que permite predecir lo que le espera a quienes no toman en serio la normatividad o la implementan a medias. Es un hecho indiscutible que las cosas han cambiado y no solo por política de estado sino porque hoy ya existen  las herramientas suficientes para sancionar a las empresas que cometan sobornos en el extranjero lo que por contera rompe con contundencia la tesis de que esta ley no  se trató de un simple requisito exigido al gobierno por la OCDE para ingresar a esta organización y en su lugar promover en la cultura empresarial  un verdadero compromiso de incorporar  en su ADN un programa de cumplimiento bajo premisas de ética y transparencia corporativa.

Esta Ley tiene como particularidad que trasciende de las sanciones económicas cuyas multas podrían ascender hasta los 200.000 SMLMV ($156.248.400.000), apuntándole al corazón de una empresa al afectar el activo intangible que en la actualidad más goza de protección por parte del empresariado: LA REPUTACIÓN.  Esa misma que construimos a diario a través de diferentes estrategias y políticas cuidadosamente diseñadas e implementadas para aumentar  su valorización y reconocimiento en el  mercado, el mismo activo que puede desvalorizarse tan fácil y rápido ante nuestros ojos con la misma impavidez que nos embiste cuando vemos  demoler un edificio y cuyas imágenes se vuelven virales en segundos, talvez, por la preferencia de la sociedad de ver como una mole de cemento que tardó meses o años en construir se puede derribar en cuestión de segundos y cuya reconstrucción puede tornarse imposible o en el mejor de los casos tardar años.

La manera que encontró la ley de sancionar moral y socialmente con efectos económicos directos fue apelando a la publicación de la sanción en medios de amplia circulación pagada por el sancionado; publicar en la página web de la persona jurídica sancionada como bienvenida al visitante virtual la información de que fue sancionado por corrupción; ordenar la inscripción del acto administrativo sancionatorio en el registro mercantil de la persona jurídica sancionada, inhabilitar hasta por 20 años para contratar con el Estado y prohibirle  cualquier clase de incentivos o subsidios del gobierno por un término de 5 años, a lo anterior,  se le debe agregar las responsabilidades penales individuales de las personas involucradas en la comisión del delito.

Los empresarios podrán ver esta Ley, bajo dos perspectivas: como un requisito más dentro de la extensa normatividad que deben cumplir, mirándola con desdén por la creación de nuevos cargos dentro de su compañía (oficial de cumplimiento); o como un instrumento de regulación normativa y herramienta administrativa, que gracias a componentes como: políticas para terceros, manuales de ética (aplicados, no bajados de internet por cumplir), matrices de riesgos (una verdadera fotografía del estado de la compañía), implementación de controles  y una efectiva estrategia de divulgación y comunicación  para todos los steakholders de la compañía hacen de las empresas agentes confiables del mercado.

Pero no todo es garrote, tener un programa de ética empresarial puede convertirse en un blindaje jurídico de la organización y en la mejor defensa jurídica gracias a la posibilidad de mitigar las sanciones si se demuestra que a pesar de contar con dicho programa, uno de los suyos incurrió en el tipo de soborno transnacional.

No sobra recalcar el beneficio reputacional que puede generar un programa de cumplimiento al convertirse  para un empresario con visión en  una ventaja competitiva poniéndose  en el radar de los agentes del mercado con quienes está llamado a relacionarse los cuales sin ninguna duda preferirán  entablar relaciones comerciales con quien no los “contagie” con prácticas corruptas porque tiene en su ADN cumplir y hacer cumplir el postulado ético de cero tolerancia contra la corrupción que exige hoy por hoy cualquier actividad empresarial.

Créditos de imagen William Reed Informing Business Growth

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