Una mirada jurídica y crítica a la Ley de Restitución de Tierras.

Una mirada jurídica y crítica a la Ley de Restitución de Tierras.

Autores: Ghilmar Borrero Mora y Mateo Vásquez Echeverri

El fenómeno del conflicto armado en Colombia no solo ha dejado un número incalculable de víctimas y tierras despojadas en nuestro territorio, sino también una producción legislativa cargada de principios y regulaciones de contenido reparatorio e indemnizatorio como sucede con la figura de la restitución de tierras despojadas, contemplada en la Ley 1448 de 2011.

Dicha Ley consagró dos etapas desprovistas de cualquier procedimiento o trámite complejo: el primero se surte ante la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras, conocida como sede administrativa, en el cual la víctima realiza una inscripción en el registro de restitución de tierras, una vez allí se estudia la solicitud de restitución y se recaudan las pruebas para darle paso al segundo procedimiento de carácter judicial que se desarrolla ante el juez de restitución de tierras, conocido como sede jurisdiccional, en la cual el juez, con base en las labores de investigación realizadas por la UGRT, decide si dicha restitución procede y la manera de hacerla efectiva. Con el fin de garantizar los derechos de los despojados y de los terceros de buena fe exenta de culpa, el juez podrá (i) ordenar la adjudicación del predio, que de ser baldío se hará mediante la Agencia Nacional de Tierras y de tener matrícula inmobiliaria reconocida en cabeza del solicitante se hará mediante el acceso material al inmueble ordenado mediante sentencia; (ii) en caso de no poderse acceder materialmente al inmueble se procederá a la adjudicación de un predio de semejantes características y/o (iii) podrá el juez reconocer las compensaciones dinerarias que decrete la sentencia y que sean procedentes para las diferentes partes, de acuerdo a la situación de hecho que se presente en la demanda.

De acuerdo a cifras entregadas por la UGRT, desde el año 2011 y hasta mayo de 2018, se han presentado 112.939 solicitudes de restitución, de las cuales 52.470 se encuentran en estudio y 60.469 ya han sido resueltas, de estas últimas solo 15.274 solicitudes se han llevado ante juez, representando un porcentaje de 13.52% y permitiéndonos concluir que más del 40% de las solicitudes presentadas a esta entidad todavía se encuentran sin resolver.[1]

Por tanto, con base en los números anteriormente expuestos, es claro que, si el espíritu que motivó al legislador a expedir la ley 1448 era resolver la rigurosidad de los trámites procesales en favor de la efectividad de los derechos fundamentales de las víctimas, simplificando los procedimientos administrativos y judiciales de restitución de sus tierras despojadas mediante la implementación de figuras extraordinarias, la iniciativa viene fracasando por la ineficiencia administrativa y porque  la jurisdicción de tierras ha sido contagiada por la tragedia de la congestión judicial.

Las cifras presentadas en este artículo, sumadas a la precaria situación de los desplazados por la violencia y la informalidad de los registros de tierras rurales en Colombia, reflejan el incumplimiento y los retos en la implementación de la Ley 1448 de 2011,  lo que se convierte en un reto para el nuevo gobierno que no puede permitir una contrareforma que dé al traste con un proceso que por imperfecto que sea, ha sido el  más cercano a la reivindicación de los desplazados, desarraigados  y víctimas del conflicto.

Una cifra que debe ser analizada y que produce preocupación es la que surge de hacer un comparativo de las solicitudes presentadas ante al UGRT (112.939) y aquellas que, tras surtir la vía administrativa y judicial, han resultado con sentencia de restitución efectiva (4.018)[2]. Dicha relación demuestra que tan sólo el 3.55% del total de solicitudes presentadas termina con sentencia de restitución, estos resultados deben ser más aclarados al país porque podría explicarse de muchas maneras: Una negación de justicia, una dificultad probatoria, una deficiencia en la etapa de investigación por parte de la UGRT, corrupción, revictimización o solicitudes temerarias; cualquiera de estas posibilidades deben ser abordadas por el gobierno y organizaciones de víctimas porque dejan un sinsabor y una sensación de ausencia de justicia y reparación como piedra angular del proceso de paz en el que las víctimas tienen tantas esperanzas.

[1] https://www.restituciondetierras.gov.co/estadisticas-de-restitucion-de-tierras

[2] https://www.restituciondetierras.gov.co/estadisticas-de-restitucion-de-tierras consultado en 07 de junio de 2018 a las 10:50 a.m.

Créditos por la imagen destacada a Revista Semana Sostenible y su artículo de restitución de tierras.

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